El Gobierno ha tomado la decisión de aprobar un nuevo impuesto a las grandes fortunas. María Jesús Montero había rechazado todas las propuestas que le habían hecho sus socios a lo largo de la legislatura, pero la ofensiva fiscal desplegada por el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, suprimiendo patrimonio ha llevado a la ministra de Hacienda a mover ficha. El gravamen estatal se encuentra en estudio por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda con la única certeza, en este momento, de que será “temporal”, durante dos años en principio, como los impuestos a la banca y las energéticas que ya han iniciado su tramitación parlamentaria para entrar en vigor el 1 de enero.
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Hacienda está improvisando este impuesto a los principales patrimonios del país para que entre en vigor a principios del próximo año. El pasado martes el equipo negociador de Montero lo llevó por primera vez a la mesa de presupuestos, indican fuentes gubernamentales. En este sentido, lo que está estudiando el Ministerio es lanzar una segunda proposición de ley, que sería presentada por PSOE y Unidas Podemos, para crear esta nueva figura fiscal al margen de las cuentas públicas del 2023. Todo nuevo impuesto necesita una ley propia. El objetivo de la decisión fiscal es “exigir más a los que más tienen”, indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Nueva York en una conversación informal con periodistas.
La CEOE considera un “error y una equivocación” el nuevo tributo del Gobierno de Sánchez
El Gobierno tiene ahora que definir quién entra en la categoría de grandes fortunas. Si se tienen en cuenta los declarantes del impuesto de patrimonio en el 2020, a partir de 700.000 euros sin tener en cuenta la vivienda habitual por valor de hasta 300.000 euros habría 218.991 contribuyentes en España (el 1% del total). La mayoría de ellos reside en Catalunya (82.465). A cierta distancia se sitúa la Comunidad Valenciana (23.892) y Andalucía (18.997). En Madrid la cifra oficial (19.508) está distorsionada porque la obligación de declarar este gravamen transferido es a partir de un patrimonio bruto de 2 millones. Estas cifras, según Hacienda, podrían ser un buen punto de partida para la catalogación de altos patrimonios.
Hacienda insiste en que todo se encuentra “en estudio” y que cuando se diseñe una propuesta concreta la planteará, en primer lugar, a sus socios de coalición, que ya han expresado que lo que se tiene que gravar es el patrimonio y no la renta. Desde el Ministerio prefieren esperar para hacer comentarios. UP celebraba ayer la decisión, ya que el impuesto a los patrimonios más altos quedó fuera de la negociación del pacto de coalición por negativa expresa de Sánchez a Pablo Iglesias. En ese acuerdo se acabó reflejando un genérico “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. La guerra y la presión de Moreno Bonilla han hecho cambiar de estrategia al Gobierno.
El País Vasco bajará el IRPF y Galicia lo está estudiando para compensar el alza de la inflación
Antes de conocer el detalle del contenido del nuevo tributo, los empresarios salieron en tromba contra el mismo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que es un “error y una equivocación”, y recordó que el impuesto de patrimonio “solo está en España”. El empresario aseguró que “a menos tipos, más bases imponibles” y que el problema de España es la economía sumergida, “que es elevadísima y es lo que hay que atacar”.
Mientras, otras comunidades autónomas como Galicia y País Vasco analizan rebajas fiscales en el IRPF a través de la deflactación de los tramos de tributación de la parte autonómica. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), negó sentirse presionado por las bajadas de impuestos de otras comunidades y apuntó que la intención del gobierno regional es ayudar a los más vulnerables mediante acciones sobre el tramo autonómico del IRPF. “Apostamos por bajar impuestos dentro de nuestras posibilidades y dentro de la premisa de que los impuestos soportan los servicios públicos”, añadió, según informa Efe. Desde el País Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció una nueva deflactación del IRPF. Con el País Vasco y Galicia serían ya cinco las comunidades que prevén rebajas de impuestos en la renta.
La mayoría de grandes patrimonios declara en Catalunya (82.465) pero la cifra de Madrid está distorsionada
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió al anuncio del nuevo impuesto a las grandes fortunas insistiendo en su propuesta de una rebaja del IVA de los productos básicos y de deflactación del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros. La semana pasada el Congreso de los Diputados rechazó la deflactación.
Sobre el órdago lanzado por Moreno Bonilla para captar grandes patrimonios y empresas de Catalunya, el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseguró en TV3 que “no porque Andalucía haya suprimido el impuesto de patrimonio las empresas (catalanas) se marcharán a Andalucía”. El empresario dijo estar convencido de que la Generalitat tarde o temprano bonificará al 95% ese impuesto.